Los socialistas de Cehegín exigen la dimisión del Concejal de
Deportes, así como la reprobación de todos los miembros de la Junta de
Gobierno, incluido el Alcalde, Soria.
Ante los hechos acaecidos la pasada semana en
el Pabellón Deportivo Loli de Gea, donde un funcionario municipal confesó haber
estado robando dinero público, el Partido Socialista ha presentado una moción
en el Ayuntamiento sobre medidas a tomar para mejorar los mecanismos de control
y transparencia del dinero público municipal.
Según el portavoz socialista, José Rafael
Rocamora, todas las propuestas que han llevado a Pleno durante esta legislatura
en relación a la mejora de la transparencia, honestidad y control del gasto
público, han sido rechazadas en sendas ocasiones por el Partido Popular y esto,
junto a la imposibilidad que ha provocado el Alcalde, José Soria, del control
de las cuentas públicas que llevó a los socialistas a la impugnación de los
Presupuestos Generales de 2012, han provocado una mayor indignación en el PSOE
que, según cuentan, “la sustracción de
dinero público de las instalaciones deportivas del Pabellón municipal viene a
confirmar lo que sospechábamos y veníamos reclamando desde comienzos de esta
legislatura: el descontrol, como mínimo, en las cuentas públicas”.
Por todo esto, además, los socialistas en su
moción piden la dimisión del Concejal de Deportes, Antonio Marín, así como las
reprobaciones de todos los miembros de la Junta de Gobierno, órgano por el que
pasan todas las cuentas del Ayuntamiento, la del Concejal de Hacienda, Nicolás
del Toro, pues es el último responsable en el control del dinero público y la
del Alcalde, Soria, como máximo responsable del Consistorio.
Los siguientes acuerdos presentados en la
moción del PSOE, piden que les sea eliminada a todos los concejales indicados
anteriormente y que lo perciban, la cantidad de 300€ mensuales en concepto de
“Asistencia mínima obligatoria a despacho de Delegación”, por su dejadez
manifiesta, además de exigir eliminar la liberación del Concejal de Nuevas
Tecnologías, Francisco Abril, que percibe un sueldo anual de 37.199,96€ por
resultar evidente su incapacidad para implantar un sistema informático que
permitiera evitar la sustracción continuada de dinero público.
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